INFOCRACIA
RCTV: Lo que está en juego*
Andrés Cañizález
acanizal@ucab.edu.ve
La decisión presidencial de no renovar la concesión de RCTV tiene al menos dos aspectos, entre muchos tantos, que resultan preocupantes. En primer término, esta determinación que se anuncia como irrevocable, significa un peligroso retroceso en la pluralidad informativa nacional. En la actual coyuntura, solicitar que se le renueve la concesión a este grupo empresarial no es una defensa de RCTV o de sus propietarios, se trata de defender la existencia de diferentes puntos de vista en materia informativa y de entretenimiento, y ello cobra especial relevancia cuando se lee lo planteado por Andrés Izarra, presidente de Telesur, quien en El Nacional (08/01/2007) apuntala la noción de hegemonía mediática estatal.
En los tres últimos años, especialmente, ha cobrado cuerpo esta noción. El gobierno creó nuevos canales (Vive, Asamblea Nacional TV, Ávila TV, Telesur), inyectó enormes sumas de dinero para repotenciar a los tradicionales medios estatales como Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela, mientras que a la par se hizo evidente el reacomodo editorial en canales privados como Televen y Venevisión, siendo en este último más indiscutible la sincronía con los intereses gubernamentales pues en muchas transmisiones informativas su papel es encadenarse con la señal de VTV. Por otro lado, en diciembre se anunció la compra de CMT, que pasara a convertirse en la señal local de Telesur. En materia televisiva, es evidente la consolidación de la hegemonía a la que se refiere Izarra, pues con excepción de RCTV y de Globovisión, y de algunas iniciativas de alcance regional, la pantalla nacional está roja, rojita.
La decisión sobre RCTV, teniendo el anterior telón de fondo, terminará de ajustar el anillo mediático estatal, pues en las tres opciones que se han mencionado para el futuro de la señal (cooperativas, empresa mixta o señal de entretenimiento de VTV) no se vislumbra que pueda presentarse una programación medianamente independiente. Para las voces regionales que aún mantienen una posición crítica, la decisión sobre RCTV significará una dosis amedrentadora evidente. Si debido a su línea editorial crítica (abiertamente opositora) el gobierno no le renueva el permiso a la empresa nacional más antigua del sector, con inversiones mil millonarias y ante el escenario de que la decisión levante condenas
internacionales, qué podrá esperar una estación en San Cristóbal, Barquisimeto o Puerto Ordaz.
Un segundo aspecto que hace de esta determinación del ejecutivo un pernicioso precedente tiene que ver con la separación de poderes. De acuerdo con William Lara, ministro ratificado de Comunicación e Información, el grupo RCTV ha cometido una serie de delitos, ha violado la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Si este fuese el caso, no es un vocero del ejecutivo, sino una instancia judicial la que debería decir cuáles son los delitos y cuáles las sanciones. El gobierno, que es parte sustancial en una compleja relación entre poder y medios en el país, termina condenando a una empresa mediática, sin que se haya intervenido ni la fiscalía ni los tribunales. Todos los tratados internacionales, en materia de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión, abogan porque sea en el ámbito de la justicia, teniendo a la ley como base, donde se diriman los conflictos emanados por la expresión. En Venezuela el gobierno se abroga el papel de juez para decidir quién viola la ley, y lo hace para apuntalar una hegemonía mediática para decirnos qué debemos ver.
* Publicado en el vespertino Tal Cual (Pág. 3, 11.01.2007)